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ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) BASADOS EN LAS CAUSAS RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 22 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 DURANTE EL DESCONFINAMIENTO.

1.- Se establece la prórroga de los ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que lo tengan autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (POR FUERZA MAYOR-COVID-19) y no puedan reanudar la actividad por mantenerse vigente la causa o causas que lo motivaron.
La duración de la prórroga será mientras dure la causa o causas y en ningún caso más allá del 30 de junio.
2.- Se permite una recuperación parcial de la actividad para las empresas con ERTE por fuerza mayor autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo desde el momento en el que las causas que lo motivaron permitan una recuperación parcial de la actividad y con fecha límite de 30 de junio de 2020. En esta recuperación se primarán los ajustes en términos de reducción de jornada.
Se debe comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días desde la fecha de ésta.
Se deben comunicar también al SEPE las variaciones correspondientes.

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN COMUNICADOS A PARTIR DEL DESCONFINAMIENTO

1.- Se permite a las empresas iniciar con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley y hasta el 30 de junio de 2020 un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, rigiéndose por lo establecido en el art. 23 del Real Decreto ley 8/2020 con las siguientes particularidades:
– Su tramitación puede iniciarse estando vigente un ERTE por fuerza mayor.
– Cuando se inicie a continuación de un ERTE por fuerza mayor su fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de éste.
– En relación con los ERTE que ya estuvieran vigentes seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

1. Las medidas de protección por desempleo previstas en el art. 25 (apartados 1 al 5) del Real Decreto-Ley 8/2020, se extienden hasta el 30 de junio de 2020:
– Reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores afectados aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario.
– No computar el tiempo que se perciba la prestación por desempleo que derive de estas circunstancias extraordinaria a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
– Estas medidas se extienden a socios trabajadores de sociedades laborales y cooperativas de trabajo.

2. Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas reguladas en el art. 25.6 del Real Decreto-Ley 8/2020, se extienden hasta el 31 de diciembre de 2020:
Las prestaciones por desempleo percibidas por estos trabajadores que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN

1. Exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas en los meses de mayo y junio de 2020 y de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta (desempleo, fondo de garantía social y formación profesional) para las empresas/entidades que continúen en ERTE de FUERZA MAYOR TOTAL y tengan menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero de 2020. Para las empresas de 50 o más trabajadores la exoneración será del 75%.
2. Para las empresas inmersas en un ERTE por FUERZA MAYOR PARCIAL se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE:
               a) Respecto de los trabajadores que reanudan su actividad:
 En empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 85% en                             mayo y 70 % en junio

 En empresas de 50 o más trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 60% en mayo y                     45 % en junio
b) Respecto de los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas:
 En empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 60% en                              mayo y del 45% en junio.

 En empresas de 50 o más trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 45% en mayo y                       del 30% en junio.
3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a instancia de la empresa mediante declaración responsable a través del Sistema RED antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondientes y previo cumplimiento de las formalidades de comunicación de los ERTES por fuerza mayor.
4. La TGSS establecerá sistemas de comunicación con el SEPE para control y verificación de estas exoneraciones de cuotas.
5. Las exoneraciones en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.
Finalmente,
1.- Mediante ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS se podrán prorrogar de los ERTES por fuerza mayor (COVID-19) llegado el 30 de junio de 2020 y, a su vez, prorrogar las exenciones de cotizaciones /cuotas de la SS o extenderlas a los ERTES por causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.
2.- Se concreta el cómputo del plazo de 6 meses relativo al compromiso de mantenimiento de empleo: se fija como día de inicia la reanudación de la actividad por trabajador afectado por ERTE.
– Se entenderá incumplido el compromiso de mantenimiento de empleo en los supuestos de despido o extinción de los contratos de los trabajadores afectados por ERTES por fuerza mayor (art. 22 RDL 8/2020) salvo:
 extinción de contrato por despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo (sólo si es interrupción y no despido), contratos temporales por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

 en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo supondrá el reintegro de la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes

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RESUMEN DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE  AL COVID-19

• El Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo adopta una serie de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

A continuación, y a modo de pequeño listado, resumimos las medidas que hemos considerado más destacadas:

MEDIDAS PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, TRABAJADORES Y FAMILIAS

1.- POSIBILIDAD DE SOLICITAR MORATORIAS O AYUDAS, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO, ASÍ COMO MORATORIAS HIPOTECARIAS Y DE CRÉDITOS DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA O SUSPENSIÓN EN SU CASO, siempre se den una serie de condiciones que definan la VULNERABILIDAD ECONÓMICA del solicitante a estos efectos y que deberá ser valorada tomando en cuenta las circunstancias personales y económicas conforme a un baremo establecido dentro del propio Real Decreto (artículos del 1 al 27).

2.- Derecho a la percepción del BONO SOCIAL por parte de los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación, siempre y cuando se adquiera la condición de consumidor vulnerable según el Real Decreto (artículo 28 y 29).

3.- MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL de seis meses sin interés a las empresas y trabajadores por cuenta propia. La moratoria, en los casos de que sea concedida, afectará a las empresas entre los meses de abril y junio de 2020, y en el caso de trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, y siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por RD 463/2020 de 14 de marzo. Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 PRIMEROS DÍAS NATURALES de los plazos de ingreso correspondiente a los periodos indicados anteriormente (artículo 34).

4.- APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020 siendo de aplicación un interés del 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de LOS 10 PRIMEROS DÍAS NATURALES del plazo reglamentario de ingreso señalado anteriormente (artículo 35).

5.- FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS de electricidad, de gas natural y productos derivados del petróleo para autónomos y empresas que podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro según condiciones establecidas en el Real Decreto. Además, en determinadas condiciones, cabe excepcionalmente solicitar la suspensión del pago de facturas de los suministros que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma (artículos 42, 43 y 44).

6.- Los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS CONSOLIDADOS EN SU PLAN DE PENSIONES, en caso de desempleo o cese de actividad, para lo cual disponen de un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del estado de alarma y teniendo en cuenta que existen una serie de limitaciones en cuanto a importe y requisitos (Disposición Adicional Vigésima).

7.- Derecho a un SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA DE ACTIVIDAD para las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social y antes de la entrada en vigor del estado de alarma, hayan dejado de prestar sus servicios con carácter temporal por despido o para evitar contagios (artículos 30, 31 y 32).

8.- Se establece un SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL (80%del IPREM unos 430€) por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio (artículo 33).

9.- Con carácter excepcional y con efectos desde el inicio de la situación del confinamiento y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá INCAPACIDAD TEMPORAL EN SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO TOTAL en caso de que no se pueda desarrollar trabajo ni siquiera de manera telemática y en determinadas circunstancias que imposibiliten el desarrollo de la actividad (Disposición adicional vigésimo-primera).

10.- Durante el estado de alarma, COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE CON LA PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO que como consecuencia de la reducción de la jornada afectada por un expediente de regulación temporal de empleo pudiera tener derecho a percibir (Disposición adicional vigésimo-segunda).

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO

Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

Durante el periodo de alarma SE PUEDEN CELEBRAR SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, administración de asociaciones, de sociedades civiles y mercantiles, consejo rector de sociedades cooperativas, patronatos de las fundaciones, así como juntas o asambleas de socios o asociados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas con derecho de asistencia dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES QUEDA SUSPENDIDA HASTA QUE FINALICE EL ESTADO DE ALARMA, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante, si fuera necesario, será válida la formulación de cuentas durante el estado de alarma, siempre que la sesión del órgano de gobierno de la entidad correspondiente la celebre cumpliendo las condiciones anteriormente descritas.

LA APROBACIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO será necesariamente dentro de los tres meses siguientes desde que finaliza el plazo para formularlas por el órgano de gobierno.

EXCEPCIONALMENTE, PODRÁN ADOPTARSE ACUERDOS de los órganos de gobierno y de administración de asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y lo solicite al menos dos de los miembros del órgano de gobierno y no haya habido oposición por parte del resto de miembros, siguiendo las premisas del artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil.

Documento completo en el siguiente enlace:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

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El RD Ley 8/2020 distingue dos tipos de suspensiones de contratos:

1.CASO DE SUSPENSIONES DE CONTRATOS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

LAS SUSPENSIONES QUE TENGAN SU CAUSA DIRECTA EN PÉRDIDAS DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, INCLUIDA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, QUE IMPLIQUEN SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE PROVENIENTES DE UNA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

PROCEDIMIENTO:

1. El procedimiento se iniciará mediante SOLICITUD DE LA EMPRESA, que se acompañará de un INFORME RELATIVO A LA VINCULACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa DEBERÁ COMUNICAR SU SOLICITUD A LAS PERSONAS TRABAJADORAS y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
2. LA EXISTENCIA DE FUERZA MAYOR, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, DEBERÁ SER CONSTATADA POR LA AUTORIDAD LABORAL, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
3. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL SE DICTARÁ EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DESDE LA SOLICITUD, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá LIMITARSE A CONSTATAR LA EXISTENCIA, CUANDO PROCEDA, DE LA FUERZA MAYOR ALEGADA POR LA EMPRESA correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán EFECTOS DESDE LA FECHA DEL HECHO CAUSANTE DE LA FUERZA MAYOR. 
4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.   

 2.- CASO DE SUSPENSIONES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS…

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, la documentación y procedimiento será el establecido en el Estatuto de los trabajadores y requerirá periodo de consultas con la representación de los trabajadores.

CUOTAS EMPRESARIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Exoneración a las empresas del pago del 75 % de la APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL alcanzando dicha EXONERACIÓN EL 100 % DE LA CUOTA CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES, siempre que éstas SE COMPROMETAN A MANTENER EL EMPLEO, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. (fuerza mayor por COVID 19).

LA EXONERACIÓN DE CUOTAS SE APLICARÁ POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A INSTANCIA DEL EMPRESARIO, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR UN ERTE, TENDRÁN ACCESO A LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO, AUNQUE CAREZCAN DEL PERIODO DE COTIZACIÓN NECESARIO para tener acceso a ella.

PODRÁN ACOGERSE A LAS MEDIDAS REGULADAS EN EL APARTADO ANTERIOR, además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aquellas que tengan la condición de SOCIAS TRABAJADORAS DE SOCIEDADES LABORALES Y DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley

En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se refiere el apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado.

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