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El capítulo III del RD Ley 8/2020 establece diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica con la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros.

Además,  se establece la


SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.


  • LOS PLAZOS DE PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LOS VENCIMIENTOS DE LOS PLAZOS Y FRACCIONES DE LOS ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO CONCEDIDOS, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los PLAZOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS, DILIGENCIAS DE EMBARGO Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA, PARA FORMULAR ALEGACIONES ANTE ACTOS DE APERTURA DE DICHO TRÁMITE O DE AUDIENCIA, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o DE DECLARACIÓN DE NULIDAD, DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES Y DE REVOCACIÓN, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, SE AMPLIARÁN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020.

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

  • Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LOS VENCIMIENTOS DE LOS PLAZOS Y FRACCIONES DE LOS ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO CONCEDIDOS, así como los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que SE COMUNIQUEN A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA MEDIDA SE EXTIENDEN HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REAL DECRETO-LEY HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 NO COMPUTARÁ A EFECTOS DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, SANCIONADORES Y DE REVISIÓN TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.

A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

 


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO


Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, DURANTE EL PERIODO DE ALARMA, LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, DEL CONSEJO RECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEL PATRONATO DE LAS FUNDACIONES PODRÁN CELEBRARSE POR VIDEOCONFERENCIA que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, DURANTE EL PERIODO DE ALARMA, LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, DEL CONSEJO RECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEL PATRONATO DE LAS FUNDACIONES PODRÁN ADOPTARSE MEDIANTE VOTACIÓN POR ESCRITO Y SIN SESIÓN siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

EL PLAZO DE TRES MESES A CONTAR DESDE EL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL PARA QUE EL ÓRGANO DE GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA OBLIGADA FORMULE LAS CUENTAS ANUALES, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades QUEDA SUSPENDIDO HASTA QUE FINALICE EL ESTADO DE ALARMA, REANUDÁNDOSE DE NUEVO POR OTROS TRES MESES A CONTAR DESDE ESA FECHA.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA APROBAR LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR SE REUNIRÁ NECESARIAMENTE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A CONTAR DESDE QUE FINALICE EL PLAZO PARA FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES.

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

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El RD Ley 8/2020 distingue dos tipos de suspensiones de contratos:

1.CASO DE SUSPENSIONES DE CONTRATOS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

LAS SUSPENSIONES QUE TENGAN SU CAUSA DIRECTA EN PÉRDIDAS DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, INCLUIDA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, QUE IMPLIQUEN SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE PROVENIENTES DE UNA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

PROCEDIMIENTO:

  1. El procedimiento se iniciará mediante SOLICITUD DE LA EMPRESA, que se acompañará de un INFORME RELATIVO A LA VINCULACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa DEBERÁ COMUNICAR SU SOLICITUD A LAS PERSONAS TRABAJADORAS y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
  2. LA EXISTENCIA DE FUERZA MAYOR, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, DEBERÁ SER CONSTATADA POR LA AUTORIDAD LABORAL, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
  3. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL SE DICTARÁ EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DESDE LA SOLICITUD, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá LIMITARSE A CONSTATAR LA EXISTENCIA, CUANDO PROCEDA, DE LA FUERZA MAYOR ALEGADA POR LA EMPRESA correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán EFECTOS DESDE LA FECHA DEL HECHO CAUSANTE DE LA FUERZA MAYOR. 
  4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.   
SOCIEDADES COOPERATIVAS

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que SE REGIRÁN POR LO PREVISTO EN LOS APARTADOS C) Y D) DEL APARTADO ANTERIOR.

 2.- CASO DE SUSPENSIONES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS…

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, la documentación y procedimiento será el establecido en el Estatuto de los trabajadores y requerirá periodo de consultas con la representación de los trabajadores.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en lo relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que SE REGIRÁN POR LO PREVISTO EN LOS APARTADOS B) Y C) DEL APARTADO ANTERIOR.

CUOTAS EMPRESARIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Exoneración a las empresas del pago del 75 % de la APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL alcanzando dicha EXONERACIÓN EL 100 % DE LA CUOTA CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES, siempre que éstas SE COMPROMETAN A MANTENER EL EMPLEO, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. (fuerza mayor por COVID 19).

LA EXONERACIÓN DE CUOTAS SE APLICARÁ POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A INSTANCIA DEL EMPRESARIO, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR UN ERTE, TENDRÁN ACCESO A LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO, AUNQUE CAREZCAN DEL PERIODO DE COTIZACIÓN NECESARIO para tener acceso a ella.

PODRÁN ACOGERSE A LAS MEDIDAS REGULADAS EN EL APARTADO ANTERIOR, además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aquellas que tengan la condición de SOCIAS TRABAJADORAS DE SOCIEDADES LABORALES Y DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley

En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se refiere el apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado.

LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22, 23, 24 Y 25 DEL RD LEY ESTARÁN VIGENTES MIENTRAS SE MANTENGA LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA DERIVADA DEL COVID-19. 

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El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, implanta las medidas de acción para gestionar la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, O, EN OTRO CASO, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Requisitos

  • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
  • No es preciso tener la cobertura de cese de actividad.
  • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

¿Qué cobra el autónomo como prestación extraordinaria de cese de actividad (CATA) ?

  • La cuantía será el 70% de la base reguladora mensual; ésta se calcula con la media de las bases por las que la persona haya cotizado durante los 12 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad.
  • Excepcionalmente, si no acredita el periodo mínimo de cotización, podrá cobrar esta prestación, no existiendo carencia mínima.
  • Tanto la cuantía mínima como las máximas se determinarán en función a lo previsto en el artículo 339 de la Ley de la Seguridad Social, regulada a través del Real Decreto-ley 8/2015, de 30 de octubre.
  • La prestación Extraordinaria tendrá una duración de un mes, ampliándose en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.
  • El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
  • La percepción de esta prestación extraordinaria es incompatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social.

¿Cómo se accede a esta prestación?

  • A través de los modelos que están implementando las MUTUAS que se deberán presentar debidamente cumplimentadas y firmadas (en caso de ser posible, digitalmente; en caso contrario, de forma manuscrita) y remitidas por correo electrónico a la Mutua

ESTAMOS PREPARANDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE TODOS AQUELLOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE TENGAN DERECHO A ESTA PRESTACIÓN LO HAGAN.

 PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA MÁS INFORMACIÓN

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