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ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) BASADOS EN LAS CAUSAS RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 22 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 DURANTE EL DESCONFINAMIENTO.


1.- Se establece la prórroga de los ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que lo tengan autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (POR FUERZA MAYOR-COVID-19) y no puedan reanudar la actividad por mantenerse vigente la causa o causas que lo motivaron.
La duración de la prórroga será mientras dure la causa o causas y en ningún caso más allá del 30 de junio.
2.- Se permite una recuperación parcial de la actividad para las empresas con ERTE por fuerza mayor autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo desde el momento en el que las causas que lo motivaron permitan una recuperación parcial de la actividad y con fecha límite de 30 de junio de 2020. En esta recuperación se primarán los ajustes en términos de reducción de jornada.
Se debe comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días desde la fecha de ésta.
Se deben comunicar también al SEPE las variaciones correspondientes.


PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN COMUNICADOS A PARTIR DEL DESCONFINAMIENTO


1.- Se permite a las empresas iniciar con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley y hasta el 30 de junio de 2020 un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, rigiéndose por lo establecido en el art. 23 del Real Decreto ley 8/2020 con las siguientes particularidades:
– Su tramitación puede iniciarse estando vigente un ERTE por fuerza mayor.
– Cuando se inicie a continuación de un ERTE por fuerza mayor su fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de éste.
– En relación con los ERTE que ya estuvieran vigentes seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa.


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO


1. Las medidas de protección por desempleo previstas en el art. 25 (apartados 1 al 5) del Real Decreto-Ley 8/2020, se extienden hasta el 30 de junio de 2020:
– Reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores afectados aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario.
– No computar el tiempo que se perciba la prestación por desempleo que derive de estas circunstancias extraordinaria a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
– Estas medidas se extienden a socios trabajadores de sociedades laborales y cooperativas de trabajo.

2. Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas reguladas en el art. 25.6 del Real Decreto-Ley 8/2020, se extienden hasta el 31 de diciembre de 2020:
Las prestaciones por desempleo percibidas por estos trabajadores que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN


1. Exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas en los meses de mayo y junio de 2020 y de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta (desempleo, fondo de garantía social y formación profesional) para las empresas/entidades que continúen en ERTE de FUERZA MAYOR TOTAL y tengan menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero de 2020. Para las empresas de 50 o más trabajadores la exoneración será del 75%.
2.
Para las empresas inmersas en un ERTE por FUERZA MAYOR PARCIAL se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE:
               a) Respecto de los trabajadores que reanudan su actividad:
 En empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 85% en                             mayo y 70 % en junio

 En empresas de 50 o más trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 60% en mayo y                     45 % en junio
b) Respecto de los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas:
 En empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 60% en                              mayo y del 45% en junio.

 En empresas de 50 o más trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 45% en mayo y                       del 30% en junio.
3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a instancia de la empresa mediante declaración responsable a través del Sistema RED antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondientes y previo cumplimiento de las formalidades de comunicación de los ERTES por fuerza mayor.
4. La TGSS establecerá sistemas de comunicación con el SEPE para control y verificación de estas exoneraciones de cuotas.
5. Las exoneraciones en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.
Finalmente,
1.- Mediante ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS se podrán prorrogar de los ERTES por fuerza mayor (COVID-19) llegado el 30 de junio de 2020 y, a su vez, prorrogar las exenciones de cotizaciones /cuotas de la SS o extenderlas a los ERTES por causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.
2.- Se concreta el cómputo del plazo de 6 meses relativo al compromiso de mantenimiento de empleo: se fija como día de inicia la reanudación de la actividad por trabajador afectado por ERTE.
– Se entenderá incumplido el compromiso de mantenimiento de empleo en los supuestos de despido o extinción de los contratos de los trabajadores afectados por ERTES por fuerza mayor (art. 22 RDL 8/2020) salvo:
 extinción de contrato por despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo (sólo si es interrupción y no despido), contratos temporales por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

 en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.


El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo supondrá el reintegro de la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes


 

Estamos a su disposición para cualquier duda, consulta o información referente a esta normativa y a la que se está desarrollando como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19

 

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MEDIDAS RECOGIDAS EN EL RD LEY 15/2020


  • El RD Ley 15/2020, (BOE 22 de abril 2020) última de las normas que, hasta ahora, ha elaborado el Gobierno de España motivadas por esta situación de crisis, incluye algunas medidas de especial importancia que, a continuación, resumimos.

MORATORIA DEL PAGO DE LA RENTA DE LOCALES PARA AUTÓNOMOS


Se establece que un trabajador autónomo, afiliado y de alta con carácter previo al 14 de marzo, fecha de la declaración del estado de alarma, con su actividad suspendida debido a la epidemia de Covid-19, podrá solicitar de su arrendador, hasta el día 23 de mayo, EL APLAZAMIENTO TEMPORAL Y EXTRAORDINARIO EN EL PAGO DE LA RENTA siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

En estos casos las partes PODRÁN DISPONER LIBREMENTE DE LA FIANZA prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. Cuando se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, si fuera inferior a un año.

Esta es una medida que refuerza un principio fundamental como es el de autonomía de las partes en materia de contratación y, también puede tener otros efectos dado que se apunta a la utilización de la fianza como garantía de pago de alguna de las mensualidades en las que se pacte el aplazamiento o rebaja.

 


AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO


LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL RD-LEY 15/2020, AMPLÍA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020, LAS REFERENCIAS A LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 20 DE MAYO DE 2020 EN EL ARTÍCULO 33 DEL RD-LEY 8/2020 Y EN LAS DA 8ª Y DA 9ª RD-LEY 11/2020.

  • Los plazos de pago de la deuda tributaria por liquidaciones practicadas por la Administración (artículos 62.2 y 62.5 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de
  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis Reglamento General de Recaudación).
  • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información, para formular alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación
  • En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de

ADEMÁS, EL PERÍODO DESDE EL 18 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2020 NO COMPUTA:

  •  A efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, aunque la Administración puede realizar los trámites imprescindibles
  • A efectos de los plazos de prescripción (artículo 66 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) ni a efectos de los plazos de caducidad
  • En el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de mayo de 2020, a los efectos del cómputo de los plazos de prescripción (artículo 66 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
  • El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación (en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

MEDIDAS FISCALES


           1.- Con el objetivo de que los empresarios con sociedades CALCULEN SUS PAGOS FRACCIONADOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES NO SOBRE EL BENEFICIO OBTENIDO EL AÑO PASADO, SINO SOBRE LA PREVISIÓN    DE    UN    RESULTADO    MENOR    O    INCLUSO PÉRDIDAS  CORRESPONDIENTES A ESTE AÑO 2020, se establece la posibilidad de que los PAGOS FRACCIONADOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES para los períodos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 puedan realizarse sobre SOBRE LA BASE DE LOS RESULTADOS QUE SE VAYAN OBTENIENDO ESTE MISMO AÑO, Y NO SOBRE LOS BENEFICIOS DEL AÑO PASADO.

Para los contribuyentes que no hayan podido ejercer esta opción, y cuyo importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros, se establece la posibilidad que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020.

 2.- Los autónomos que tributan en el régimen de módulos del IRPF PODRÁN RENUNCIAR A ESTE SISTEMA POR UN SOLO AÑO de modo que su adscripción en el 2020 al régimen de estimación directa les permita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en función de sus resultados durante el ejercicio. Por otro lado, los días naturales en estado de alarma no computarán en el cálculo de los módulos, quedando excluidas de esta medida las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

3.- Se establece la posibilidad del pago de las deudas tributarias con cargo a la financiación sujeta plan de avales públicos, de hasta 100.000 millones aprobado por el Gobierno, y del que se ha desplegado una parte. De este modo, si el contribuyente solicita una línea de estos préstamos, garantizados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el 80% del riesgo, podrá utilizarlo para saldar su deuda tributaria. El interesado deber demostrar que ha pedido un crédito por un monto igual o mayor al de la deuda al menos cinco días antes de que concluya el plazo para la liquidación, y deberá destinar “inmediatamente” el dinero obtenido a pagar al fisco. A su vez, la Agencia Tributaria podrá acceder telemáticamente a los expedientes financieros del contribuyente a fin de comprobar la información. La medida afectará a las liquidaciones que deban producirse entre el 20 de abril y el 30 de mayo.

 


OTRAS MEDIDAS


EL FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVO NO TENDRÁ LA CONSIDERACIÓN DE INGRESO PARA LA COOPERATIVA

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020, EL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVO DE LAS COOPERATIVAS regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, podrá ser destinado, total o parcialmente:

      a) COMO RECURSO FINANCIERO, PARA DOTAR DE LIQUIDEZ A LA COOPERATIVA en caso de necesitarlo para su funcionamiento. Si se destina a esta finalizada, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

      b) A CUALQUIER ACTIVIDAD QUE REDUNDE EN AYUDAR A FRENAR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 O A PALIAR SUS EFECTOS, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales. Esta facultad extraordinaria que se otorga al Consejo Rector se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020 cuando la protección de la salud de las socias y socios de la cooperativa continúe exigiendo la celebración virtual de la Asamblea General de la sociedad cooperativa y esta no sea posible por falta de medios adecuados o suficientes.

    c) El Fondo de Formación y Promoción Cooperativo que haya sido aplicado a estos fines, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.

AMPLIACIÓN DE 12 MESES ADICIONALES SOBRE EL PLAZO ORDINARIO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE SOCIEDAD LABORAL POR PARTE DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Con carácter extraordinario, se procede a prorrogar por 12 meses más, el plazo de 36 meses contemplado en la letra b del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas para alcanzar el límite previsto en dicha letra. Se trata de una prórroga extraordinaria aplicable, exclusivamente, a las sociedades laborales constituidas durante el año 2017.

DISPONIBILIDAD DE PLANES DE PENSIONES

El RD-ley 15/2020, regula las NORMAS SOBRE DISPONIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LOS PLANES DE PENSIONES en situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinando quiénes pueden solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados, el modo de acreditar la concurrencia de las circunstancias que permiten la disponibilidad excepcional, cuál es el importe de los derechos consolidados disponible, y el plazo para efectuar el reembolso.

 

Link de publicación: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4554- consolidado.pdf

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RESUMEN DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE  AL COVID-19


A continuación, y a modo de pequeño listado, resumimos las medidas que hemos considerado más destacadas:


MEDIDAS PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, TRABAJADORES Y FAMILIAS


1.- POSIBILIDAD DE SOLICITAR MORATORIAS O AYUDAS, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO, ASÍ COMO MORATORIAS HIPOTECARIAS Y DE CRÉDITOS DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA O SUSPENSIÓN EN SU CASO, siempre se den una serie de condiciones que definan la VULNERABILIDAD ECONÓMICA del solicitante a estos efectos y que deberá ser valorada tomando en cuenta las circunstancias personales y económicas conforme a un baremo establecido dentro del propio Real Decreto (artículos del 1 al 27).

2.- Derecho a la percepción del BONO SOCIAL por parte de los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación, siempre y cuando se adquiera la condición de consumidor vulnerable según el Real Decreto (artículo 28 y 29).

3.- MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL de seis meses sin interés a las empresas y trabajadores por cuenta propia. La moratoria, en los casos de que sea concedida, afectará a las empresas entre los meses de abril y junio de 2020, y en el caso de trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, y siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por RD 463/2020 de 14 de marzo. Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 PRIMEROS DÍAS NATURALES de los plazos de ingreso correspondiente a los periodos indicados anteriormente (artículo 34).

4.- APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020 siendo de aplicación un interés del 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de LOS 10 PRIMEROS DÍAS NATURALES del plazo reglamentario de ingreso señalado anteriormente (artículo 35).

5.- FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS de electricidad, de gas natural y productos derivados del petróleo para autónomos y empresas que podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro según condiciones establecidas en el Real Decreto. Además, en determinadas condiciones, cabe excepcionalmente solicitar la suspensión del pago de facturas de los suministros que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma (artículos 42, 43 y 44).

6.- Los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS CONSOLIDADOS EN SU PLAN DE PENSIONES, en caso de desempleo o cese de actividad, para lo cual disponen de un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del estado de alarma y teniendo en cuenta que existen una serie de limitaciones en cuanto a importe y requisitos (Disposición Adicional Vigésima).

7.- Derecho a un SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA DE ACTIVIDAD para las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social y antes de la entrada en vigor del estado de alarma, hayan dejado de prestar sus servicios con carácter temporal por despido o para evitar contagios (artículos 30, 31 y 32).

8.- Se establece un SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL (80%del IPREM unos 430€) por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio (artículo 33).

9.- Con carácter excepcional y con efectos desde el inicio de la situación del confinamiento y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá INCAPACIDAD TEMPORAL EN SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO TOTAL en caso de que no se pueda desarrollar trabajo ni siquiera de manera telemática y en determinadas circunstancias que imposibiliten el desarrollo de la actividad (Disposición adicional vigésimo-primera).

10.- Durante el estado de alarma, COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE CON LA PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO que como consecuencia de la reducción de la jornada afectada por un expediente de regulación temporal de empleo pudiera tener derecho a percibir (Disposición adicional vigésimo-segunda).


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO

Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo


Durante el periodo de alarma SE PUEDEN CELEBRAR SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, administración de asociaciones, de sociedades civiles y mercantiles, consejo rector de sociedades cooperativas, patronatos de las fundaciones, así como juntas o asambleas de socios o asociados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas con derecho de asistencia dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES QUEDA SUSPENDIDA HASTA QUE FINALICE EL ESTADO DE ALARMA, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante, si fuera necesario, será válida la formulación de cuentas durante el estado de alarma, siempre que la sesión del órgano de gobierno de la entidad correspondiente la celebre cumpliendo las condiciones anteriormente descritas.

LA APROBACIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO será necesariamente dentro de los tres meses siguientes desde que finaliza el plazo para formularlas por el órgano de gobierno.

EXCEPCIONALMENTE, PODRÁN ADOPTARSE ACUERDOS de los órganos de gobierno y de administración de asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y lo solicite al menos dos de los miembros del órgano de gobierno y no haya habido oposición por parte del resto de miembros, siguiendo las premisas del artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil.

Documento completo en el siguiente enlace:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

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El capítulo III del RD Ley 8/2020 establece diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica con la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros.

Además,  se establece la


SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.


  • LOS PLAZOS DE PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LOS VENCIMIENTOS DE LOS PLAZOS Y FRACCIONES DE LOS ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO CONCEDIDOS, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los PLAZOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS, DILIGENCIAS DE EMBARGO Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA, PARA FORMULAR ALEGACIONES ANTE ACTOS DE APERTURA DE DICHO TRÁMITE O DE AUDIENCIA, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o DE DECLARACIÓN DE NULIDAD, DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES Y DE REVOCACIÓN, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, SE AMPLIARÁN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020.

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

  • Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LOS VENCIMIENTOS DE LOS PLAZOS Y FRACCIONES DE LOS ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO CONCEDIDOS, así como los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que SE COMUNIQUEN A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA MEDIDA SE EXTIENDEN HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REAL DECRETO-LEY HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 NO COMPUTARÁ A EFECTOS DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, SANCIONADORES Y DE REVISIÓN TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.

A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

 


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO


Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, DURANTE EL PERIODO DE ALARMA, LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, DEL CONSEJO RECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEL PATRONATO DE LAS FUNDACIONES PODRÁN CELEBRARSE POR VIDEOCONFERENCIA que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, DURANTE EL PERIODO DE ALARMA, LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, DEL CONSEJO RECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEL PATRONATO DE LAS FUNDACIONES PODRÁN ADOPTARSE MEDIANTE VOTACIÓN POR ESCRITO Y SIN SESIÓN siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

EL PLAZO DE TRES MESES A CONTAR DESDE EL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL PARA QUE EL ÓRGANO DE GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA OBLIGADA FORMULE LAS CUENTAS ANUALES, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades QUEDA SUSPENDIDO HASTA QUE FINALICE EL ESTADO DE ALARMA, REANUDÁNDOSE DE NUEVO POR OTROS TRES MESES A CONTAR DESDE ESA FECHA.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA APROBAR LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR SE REUNIRÁ NECESARIAMENTE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A CONTAR DESDE QUE FINALICE EL PLAZO PARA FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES.

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

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Equipo Social Soluciones

El RD Ley 8/2020 distingue dos tipos de suspensiones de contratos:

1.CASO DE SUSPENSIONES DE CONTRATOS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

LAS SUSPENSIONES QUE TENGAN SU CAUSA DIRECTA EN PÉRDIDAS DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, INCLUIDA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, QUE IMPLIQUEN SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE PROVENIENTES DE UNA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

PROCEDIMIENTO:

  1. El procedimiento se iniciará mediante SOLICITUD DE LA EMPRESA, que se acompañará de un INFORME RELATIVO A LA VINCULACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa DEBERÁ COMUNICAR SU SOLICITUD A LAS PERSONAS TRABAJADORAS y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
  2. LA EXISTENCIA DE FUERZA MAYOR, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, DEBERÁ SER CONSTATADA POR LA AUTORIDAD LABORAL, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
  3. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL SE DICTARÁ EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DESDE LA SOLICITUD, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá LIMITARSE A CONSTATAR LA EXISTENCIA, CUANDO PROCEDA, DE LA FUERZA MAYOR ALEGADA POR LA EMPRESA correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán EFECTOS DESDE LA FECHA DEL HECHO CAUSANTE DE LA FUERZA MAYOR. 
  4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.   
SOCIEDADES COOPERATIVAS

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que SE REGIRÁN POR LO PREVISTO EN LOS APARTADOS C) Y D) DEL APARTADO ANTERIOR.

 2.- CASO DE SUSPENSIONES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS…

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, la documentación y procedimiento será el establecido en el Estatuto de los trabajadores y requerirá periodo de consultas con la representación de los trabajadores.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en lo relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que SE REGIRÁN POR LO PREVISTO EN LOS APARTADOS B) Y C) DEL APARTADO ANTERIOR.

CUOTAS EMPRESARIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Exoneración a las empresas del pago del 75 % de la APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL alcanzando dicha EXONERACIÓN EL 100 % DE LA CUOTA CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES, siempre que éstas SE COMPROMETAN A MANTENER EL EMPLEO, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. (fuerza mayor por COVID 19).

LA EXONERACIÓN DE CUOTAS SE APLICARÁ POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A INSTANCIA DEL EMPRESARIO, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR UN ERTE, TENDRÁN ACCESO A LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO, AUNQUE CAREZCAN DEL PERIODO DE COTIZACIÓN NECESARIO para tener acceso a ella.

PODRÁN ACOGERSE A LAS MEDIDAS REGULADAS EN EL APARTADO ANTERIOR, además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aquellas que tengan la condición de SOCIAS TRABAJADORAS DE SOCIEDADES LABORALES Y DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley

En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se refiere el apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado.

LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22, 23, 24 Y 25 DEL RD LEY ESTARÁN VIGENTES MIENTRAS SE MANTENGA LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA DERIVADA DEL COVID-19. 

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