El capítulo III del RD Ley 8/2020 establece diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica con la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros.

Además,  se establece la


SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.


  • LOS PLAZOS DE PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LOS VENCIMIENTOS DE LOS PLAZOS Y FRACCIONES DE LOS ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO CONCEDIDOS, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los PLAZOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS, DILIGENCIAS DE EMBARGO Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA, PARA FORMULAR ALEGACIONES ANTE ACTOS DE APERTURA DE DICHO TRÁMITE O DE AUDIENCIA, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o DE DECLARACIÓN DE NULIDAD, DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES Y DE REVOCACIÓN, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, SE AMPLIARÁN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020.

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

  • Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LOS VENCIMIENTOS DE LOS PLAZOS Y FRACCIONES DE LOS ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO CONCEDIDOS, así como los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que SE COMUNIQUEN A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA MEDIDA SE EXTIENDEN HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REAL DECRETO-LEY HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 NO COMPUTARÁ A EFECTOS DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, SANCIONADORES Y DE REVISIÓN TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.

A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

 


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO


Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, DURANTE EL PERIODO DE ALARMA, LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, DEL CONSEJO RECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEL PATRONATO DE LAS FUNDACIONES PODRÁN CELEBRARSE POR VIDEOCONFERENCIA que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, DURANTE EL PERIODO DE ALARMA, LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, DEL CONSEJO RECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEL PATRONATO DE LAS FUNDACIONES PODRÁN ADOPTARSE MEDIANTE VOTACIÓN POR ESCRITO Y SIN SESIÓN siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

EL PLAZO DE TRES MESES A CONTAR DESDE EL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL PARA QUE EL ÓRGANO DE GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA OBLIGADA FORMULE LAS CUENTAS ANUALES, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades QUEDA SUSPENDIDO HASTA QUE FINALICE EL ESTADO DE ALARMA, REANUDÁNDOSE DE NUEVO POR OTROS TRES MESES A CONTAR DESDE ESA FECHA.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA APROBAR LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR SE REUNIRÁ NECESARIAMENTE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A CONTAR DESDE QUE FINALICE EL PLAZO PARA FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES.

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

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