SUBVENCIONES DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS EN PRÁCTICAS BDNS (Identificador): 506815


https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955097671/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

¿Quién lo puede solicitar y condiciones? 

Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores de alta en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención, que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que desarrolle su actividad en alguno de los sectores empresariales que hayan tenido que        incrementar su producción con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

b) Que como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hayan formalizado, en centros de trabajo de Castilla y León, las contrataciones descritas. 

  • Se excluyen como beneficiarios de estas subvenciones las entidades pertenecientes al sector público. 
  • Los contratos deberán formalizarse a jornada completa, con una duración inicial de, al menos, un año. 
  • La contratación formalizada debe suponer un incremento sobre la plantilla media de la empresa o trabajador por cuenta propia solicitante, de los 6 meses inmediatamente anteriores. 
  • Se exige un mantenimiento de la contratación por un periodo mínimo de 1 año. 
  • Se subvencionarán los contratos en prácticas a jornada completa, formalizados con personas inscritas como desempleadas, no ocupadas, que se inicien entre el 14 de marzo de 2020 y el 16 de octubre de 2020, ambos inclusive. 

¿Cuantía de la subvención? 

Contratos en prácticas a tiempo completo: 5.000 € por contrato. 

¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 

 a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2020 y el día de publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, ambos inclusive: dos meses computados desde el día siguiente a aquél en que se publique el extracto de la Resolución de convocatoria. b) Si la contratación se inicia a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León: dos meses computados desde la fecha de inicio de la contratación, con el límite establecido del 30 de octubre de 2020.


PROGRAMA II: SUBVENCIONES DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS INDEFINIDOS ORDINARIOS A TIEMPO COMPLETO BDNS (Identificador): 506815 


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¿Quién lo puede solicitar y condiciones ? 

Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores de alta en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención, que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que desarrolle su actividad en alguno de los sectores empresariales que hayan tenido que incrementar su producción con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

b) Que como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hayan formalizado, en centros de trabajo de Castilla y León, las contrataciones descritas. 

  •  Se excluyen como beneficiarios de estas subvenciones las entidades pertenecientes al sector público. 
  • El contrato debe formalizarse como indefinido ordinario a jornada completa. 
  • El trabajador no debe haber mantenido relación laboral con la empresa en los 6 meses anteriores. 
  • La contratación formalizada debe suponer un incremento sobre la plantilla media de la empresa o trabajador por cuenta propia solicitante, de los 6 meses inmediatamente anteriores. 
  • Se exige un mantenimiento de la contratación por un periodo mínimo de 2 años.
  • Se subvencionarán los contratos indefinidos ordinarios a jornada completa, formalizados con personas inscritas como desempleadas, no ocupadas, que se inicien entre el 14 de marzo de 2020 y el 16 de octubre de 2020, ambos inclusive

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?

 a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2020 y el día de publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, ambos inclusive: dos meses computados desde el día siguiente a aquél en que se publique el extracto de la Resolución de convocatoria.

b) Si la contratación se inicia a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León: dos meses computados desde la fecha de inicio de la contratación, con el límite establecido del 30 de octubre de 2020.

 ¿Cuantía de la subvención? Contratos indefinidos ordinarios a tiempo completo: 10.000 € por contrato.


PROGRAMA I: SUBVENCIONES DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES CON CLÁUSULA ESPECÍFICA DE INTERINIDAD. BDNS (Identificador): 506815 


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¿Quién lo puede solicitar y condiciones ? 

Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores de alta en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención, que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que desarrolle su actividad en alguno de los sectores empresariales que hayan tenido que incrementar su producción con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

b) Que como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hayan formalizado, en centros de trabajo de Castilla y León, las contrataciones descritas. 

Se excluyen como beneficiarios de estas subvenciones las entidades pertenecientes al sector público. 

  •  Los contratos pueden concertarse a jornada completa o parcial, siempre que la parcialidad sea igual o superior al 50% y cubra durante todo el periodo subvencionable el porcentaje de jornada del trabajador sustituido. 
  •  La contratación formalizada debe suponer un incremento sobre la plantilla media de la empresa o trabajador por cuenta propia solicitante, de los 6 meses inmediatamente anteriores. 
  • El período de contratación ha de tener una duración mínima de 15 días en un período computable máximo de 180 días. 

¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 

a) Si el periodo de contratación se completa entre el 14 de marzo de 2020 y el día de publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de presentación de las solicitudes es de dos meses desde el día siguiente a aquél en que se publique el extracto de la Resolución de convocatoria. 

b) Si el periodo de contratación se completa a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de presentación de solicitudes es de dos meses desde la fecha en que el contrato o suma de contratos cumpla el citado periodo de contratación, con el límite establecido del 30 de octubre de 2020. 

¿Cuantía de la subvención? 

Contratos temporales con cláusula específica de interinidad: hasta 3.500 € por contrato, en función de la jornada y duración del contrato. 


SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES QUE POR SU EDAD TIENEN MAYORES DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL Y HAYAN SIDO DESPEDIDOS O PROVENGAN DE EMPRESAS QUE HAN CERRADO POR CAUSA DEL COVID-19 (2020) BDNS (identificador):506887


https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955076255/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

¿Quién lo puede solicitar y condiciones ? 

Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores en la fecha de inicio de la contratación. 

Serán subvencionables las contrataciones que hayan tenido lugar entre los días 15 de marzo y 16 de octubre de 2020, ambos inclusive, de personas que en la fecha de inicio de la misma tengan 55 o más años, se hallen desempleadas e inscritas como tales en el Servicio Público de Empleo, y su causa de desempleo provenga de despidos o de cierre de empresas producidos desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y hasta la fecha en que se declare finalizado dicho estado de alarma.

¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 

El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se haya iniciado la contratación subvencionable: 

a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 15 de marzo y el 25 de mayo de 2020, ambos inclusive: DEL 26 DE MAYO AL 27 DE JULIO. 

b) Si la contratación se inicia a partir del 26 de mayo: 2 MESES computados DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN con el límite establecido a continuación. 

En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el día siguiente a la publicación del extracto y el 30 de octubre de 2020. 

¿Cuantía de la subvención? 

La cuantía será de 8.000 € por cada contrato subvencionable. 


SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE POR CUENTA AJENA DE LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO DE DURACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR CAUSA DEL COVID-19 (AÑO 2020) BDNS (identificador):506891 


https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955139071/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

¿Quién lo puede solicitar y condiciones? 

Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores en la fecha de inicio de la contratación. 

  • El contrato debe formalizarse como indefinido ordinario a jornada completa. 
  • El trabajador no debe haber mantenido relación laboral con la empresa en los 6 meses anteriores. 
  • Se debe mantener la plantilla media de trabajadores de alta en la empresa en los 6 meses posteriores a la fecha de la contratación subvencionada. 
  • Se exige un mantenimiento de la contratación por al menos 2 años. 

¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 

El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se haya iniciado la contratación subvencionable: 

a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2020 y el 25 de mayo de 2020, ambos inclusive: el PLAZO de solicitud es desde el 26 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 2020. 

b) Si la contratación se inicia a partir del 26 de mayo de 2020: DOS MESES contados desde la fecha de inicio de la contratación, con el límite establecido en el párrafo siguiente. En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el 26 de mayo y el 30 de octubre de 2020. 

¿Cuantía de la subvención? 

10.000 € por cada contrato subvencionable.


SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR EL AUTOEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO DESDE EL INICIO DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 (AÑO 2020) BDNS (Identificador): 50683


  https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955070313/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

¿Quién lo puede solicitar y condiciones? 

Personas físicas, incluidas aquellas que formen parte de una entidad sin personalidad jurídica, que hayan perdido su empleo, o cesado en su actividad por cuenta propia, durante el estado de alarma y se den de alta como autónomas. 

Las subvenciones se destinarán a fomentar la realización de todas o alguna de las acciones subvencionables que se indican detallado en pdf dentro de la convocatoria como (compra de mobiliario, equipamientos, alquileres, etc.). 

¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 

El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que el solicitante se haya dado de alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente: 

a) Si el alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente hubiera tenido lugar entre el día 14 de marzo de 2020 y el 25 de mayo de 2020, ambos inclusive: el PLAZO de solicitud es desde el 26 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 2020. 

b) Si el inicio de actividad tiene lugar a partir del 26 de mayo: DOS MESES contados DESDE LA FECHA DE ALTA EN EL RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, con el límite establecido en el párrafo siguiente. 

En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el 26 de mayo y el 30 de octubre de 2020. 

¿Cuantía de la subvención? 

La cuantía máxima de la subvención se calculará en función de que el solicitante acredite la realización de todas o alguna de las siguientes acciones subvencionables: 

1.– Si acredita el inicio de una actividad económica por cuenta propia, el importe de la subvención será de 5.000 €. 

2.– En el caso de que la acreditación se refiera a la contratación de servicios relacionados con la digitalización y/o teletrabajo, se subvencionará con el 75% del coste, IVA excluido, con un máximo de 3.000 €. 

3.– La acreditación de cursos de formación, relacionados con el teletrabajo, nuevas tecnologías, y la venta on-line, se subvencionará con el 75% del coste real de la formación recibida, IVA excluido, con un máximo de 2.000 €.

 

Estamos a su disposición para cualquier duda, consulta o información referente a esta normativa y a la que se está desarrollando como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19

 

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Subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del covid-19 BDNS (Identificador): 506100 


https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953327988/Propuesta

 ¿Quién lo puede solicitar y condiciones? 

Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y otras entidades carentes de personalidad jurídica, legalmente constituidas y con ánimo de lucro, afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19 y que cumplan los requisitos y tener condición de PYME. 

Desarrollar su actividad comercial de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto. 

La actividad principal en cuanto a volumen de negocio que desarrollen en el establecimiento comercial para el cual se solicita la subvención debe ser estricta y exclusivamente comercial y minorista conforme a la división 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009) (a excepción de comercio de tabaco, combustible, farmacéutico, mercadillo)

¿Para qué es la subvención? 

La subvención es para financiar gastos de inversión que se ejecuten entre el 14 de marzo de 2020 y el 15 de Octubre 2020 ambos inclusive, que han servido para adaptación a la situación de emergencia, (se recoge en la convocatoria listado de gastos subvencionables o no). 

Se considerarán gastos realizados los efectivamente pagados con anterioridad a la presentación de la solicitud. 

¿Cuantía de la subvención? 

 La cuantía de la subvención, por cada establecimiento comercial para el que se solicite, será de un 50% del presupuesto aceptado.

 En el supuesto de proyectos ejecutados en, o vinculados a, establecimientos comerciales ubicados en un municipio con población inferior a 5.000 habitantes, de un 60% del presupuesto aceptado. Límites establecidos: 

a) No serán subvencionables los proyectos con un presupuesto subvencionable inferior a 1.000 €. 

b) El presupuesto máximo aceptado por cada establecimiento para el que se solicite será: 

Para la adquisición de vehículos de 15.000 €. 

Para el resto de gastos en su conjunto de 10.000 €.

¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 

Desde el 19 de mayo de 2020 hasta el 2 de noviembre de 2020 

 


Subvenciones públicas para la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos y la asistencia para labores de desinfección y la evaluación de los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al covid-19 (2020) BDNS (Identificador): 506147


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¿Quién lo puede solicitar y qué requisitos debe cumplir? 

Personas físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes u otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que aunque carezcan de personalidad jurídica lleven a cabo las acciones objeto de la subvención. Debe contar con los siguientes requisitos: 

a. Deberán contar con centro de trabajo en Castilla y León y realizar la actividad subvencionada en Castilla y León. 

b. No deberán haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de efectos de la orden de convocatoria. 

c. No deberán estar incursos en las prohibiciones establecidas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

d. Acreditar el cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad, conforme el artículo 3 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre o la no sujeción a la misma o en su caso la exención de dicha obligación en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. 

e. Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones. 

f. Que tengan trabajadores por cuenta ajena (se tomará como referencia el mes natural inmediatamente anterior a la fecha publicación de la convocatoria.

Que el número de trabajadores en todo el territorio nacional sea inferior a 250. Se tomará como referencia, a estos efectos, el mes natural inmediatamente anterior a la fecha publicación de la convocatoria. 

h. Que su volumen de negocios anual o su balance general anual no supere los 50 millones de euros de volumen de negocios y 43 millones de balance general anual. 

i. Que cumplan las normas sobre prevención de riesgos laborales. 

¿Para qué es la subvención? 

Los gastos subvencionables son: 

a) La adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos (definidos como tales en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y/o con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios): 

a.1. Mascarillas autofiltrante FFPI, FFPII y FFPIII; mascarilla N95, NK95; o mascarilla quirúrgica. 

a.2. Guantes de protección sanitaria, o de protección frente a microorganismos (UNE-EN ISO 374.5:2016). 

a.3. Gafas de protección universal con protección lateral, gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras. 

a.4.Ropa de protección. 

b) La asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia. 

c) La asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19, y /o plan de contingencia. 

La inversión de los gastos subvencionables, deberá estar comprendida entre el día 10 de marzo de 2020 y el día 30 de septiembre de 2020, ambos inclusive, y haber efectuado el pago entre esas fechas.

¿Cuantía de la subvención? 

La cuantía de la subvención será del 80 % respecto del gasto subvencionable, no pudiendo en ningún caso superar los 2.000 euros por beneficiario. 

¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 

Desde el 20 de mayo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020 

Estamos a su disposición para cualquier duda, consulta o información referente a esta normativa y a la que se está desarrollando como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19

 

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Subvenciones dirigidas a promover la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo (2020) BDNS (Identificador): 505445


 

  • ¿Quién lo puede solicitar y condiciones?

Personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o, en su caso, incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, y haber sido beneficiaria de las reducciones previstas en los apartados 1 o 3 de los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo durante los 12 o 24 meses que establecen, empadronadas en la Comunidad de Castilla y León.
Mantener las condiciones que dieron derecho a disfrutar de las reducciones citadas, en el pago de sus cuotas por contingencias comunes y contingencias profesionales, durante el período subvencionable.
Que la situación de alta no se vea interrumpida durante el periodo subvencionable. No se entenderá interrumpido el periodo subvencionable cuando se haya suspendido la actividad y, por tanto, el cumplimiento del pago de las cuotas durante los meses que abarque el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y demás legislación de aplicación.

  • ¿Cuantía de la subvención? 

La cuantía permitirá a la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma mantener durante 6 meses la cuota reducida de la que disfrutó durante los 12 o 24 meses de reducción de la cuantía de cotización si hubiera cotizado por la base mínima establecida. Para el cálculo se tomará como referencia la base mínima de cotización vigente en el mes en que se hubiese producido el alta de la persona trabajadora autónoma y el tipo mínimo de cotización vigente en el citado mes.

  • ¿Qué plazo tengo para solicitarlo?

Se establecen los siguientes plazos de solicitud:

DEL 14 DE MAYO DE 2020 A LAS 9:00 HORAS AL 30 DE JUNIO DE 2020 A LAS 15:00 HORAS, para las altas en Seguridad Social producidas del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, ambas inclusive.

DEL 1 DE JULIO DE 2020 A LAS 9:00 HORAS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 15:00 HORAS, para las altas en Seguridad Social producidas del 1 de mayo del 2019 al 30 de junio de 2019, ambas inclusive.

Link publicación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394488/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

Ayudas a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales de Integración y Empleo (2020) BDNS (Identificador): 505531


  • ¿Quién lo puede solicitar ?

1.- Personas trabajadoras desempleadas que hayan agotado el PREPARA en alguna de sus convocatorias denominadas XII, XIII o XIV.
2.- Personas trabajadoras desempleadas que hayan agotado el Programa de Activación para el Empleo (PAE) (Haber extinguido por agotamiento la ayuda económica de acompañamiento por la participación en el programa de activación para el empleo, hasta la fecha de presentación de la solicitud del PIE).
3.- Trabajadores autónomos desempleados que hayan cesado en su actividad económica: (Haber extinguido por agotamiento la ayuda económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos hasta la fecha de presentación de la solicitud del PIE).
4.- Personas trabajadoras desempleadas que hayan agotado el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED): (Haber extinguido por agotamiento el subsidio extraordinario por desempleo, hasta la fecha de presentación de la solicitud del PIE).
5.- Personas trabajadoras desempleadas que tengan 52 años o más: ( Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo, hasta la fecha de presentación de la solicitud del PIE y No reunir los requisitos para percibir el subsidio para mayores de 52 años).
6.- Personas que, durante el período de duración del estado de alarma decretado en España por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Hayan sido despedidos o a los que se haya rescindido su contrato, que habiendo cotizado entre 90 y 179 días, no tengan derecho al subsidio de desempleo por carecer de cargas familiares.
b) Los autónomos que hayan cesado en la actividad por cuenta propia y que hayan cotizado al menos 90 días y menos de 360 días, por cese de actividad, que no perciban otra prestación o subsidio por desempleo o por cese de actividad.
c) Las personas trabajadoras del sistema especial para empleados de hogar a las que se haya rescindido su contrato y hayan cotizado a la Seguridad Social en este sistema especial del régimen general los últimos seis meses a tiempo completo y tengan cargas familiares.
d) Las personas trabajadoras que en el periodo citado hayan agotado las prestaciones o subsidios por desempleo que vinieran percibiendo.
Los trabajadores desempleados pertenecientes a todos los colectivos referidos, deberán tener una inscripción ininterrumpida de 3 meses, como demandantes de empleo, salvo excepciones recogidas en la orden.

  • ¿Qué requisitos se deberán cumplir desde la presentación de la solicitud?

Los requisitos que deberán cumplir, desde la presentación de la solicitud, son los siguientes:
a) Estar inscrito como desempleado en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. A estos efectos se considerarán desempleados a los demandantes de empleo no ocupados. b) Suscribir el compromiso de participar en las acciones de orientación, inserción, formación y búsqueda de empleo correspondientes a este programa.
c) No ser beneficiario de ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo, renta agraria, renta activa de inserción o renta garantizada de ciudadanía, u otras destinadas a la misma finalidad. No reunir los requisitos para ser beneficiario de la renta activa de inserción, ni de cualquier Programa estatal cuya finalidad sea sustancialmente idéntica al que es objeto del presente Programa.
d) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, en cómputo mensual, superiores al 75% Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. A estos efectos, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores de esta edad con, al menos, una discapacidad del 33% o menores en régimen de acogida, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere en cómputo mensual, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de la dos pagas extraordinarias. No se entenderán comprendidos en la unidad familiar aquellos hijos del solicitante que formen otra diferente por tener a su vez cónyuge y/o hijos.
En cuanto a la determinación de las rentas a efectos de la concesión se estará a lo dispuesto en el artículo 4 de la ORDEN EMP/422/2018, de 17 de abril de 2018 (BOCyL 27-04-2018). Dentro de la misma unidad familiar no podrá coexistir más de un beneficiario de forma simultánea a excepción de aquellas unidades familiares que tengan dos o más hijos menores de edad o uno solo, con independencia de su edad, con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

e) Estar empadronado en alguno de los municipios de la Comunidad de Castilla y León desde el 1 de enero de 2018, como mínimo.
Los requisitos citados, a excepción del señalado en el apartado a), deberán mantenerse durante toda la duración del programa, desde la presentación de la solicitud y hasta la extinción de la ayuda económica.

  • ¿Qué plazo tengo para solicitarlo?

Desde el 14 de mayo de 2020 hasta el 13 de agosto de 2020.

  • ¿Cuantía de la subvención?

Los beneficiarios recibirán una ayuda económica mensual, del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente.
La ayuda económica tendrá una duración máxima de seis meses, salvo excepciones recogidas en la orden.

Link publicación: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394924/Propuesta? utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

 

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ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) BASADOS EN LAS CAUSAS RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 22 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 DURANTE EL DESCONFINAMIENTO.


1.- Se establece la prórroga de los ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que lo tengan autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (POR FUERZA MAYOR-COVID-19) y no puedan reanudar la actividad por mantenerse vigente la causa o causas que lo motivaron.
La duración de la prórroga será mientras dure la causa o causas y en ningún caso más allá del 30 de junio.
2.- Se permite una recuperación parcial de la actividad para las empresas con ERTE por fuerza mayor autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo desde el momento en el que las causas que lo motivaron permitan una recuperación parcial de la actividad y con fecha límite de 30 de junio de 2020. En esta recuperación se primarán los ajustes en términos de reducción de jornada.
Se debe comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días desde la fecha de ésta.
Se deben comunicar también al SEPE las variaciones correspondientes.


PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN COMUNICADOS A PARTIR DEL DESCONFINAMIENTO


1.- Se permite a las empresas iniciar con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley y hasta el 30 de junio de 2020 un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, rigiéndose por lo establecido en el art. 23 del Real Decreto ley 8/2020 con las siguientes particularidades:
– Su tramitación puede iniciarse estando vigente un ERTE por fuerza mayor.
– Cuando se inicie a continuación de un ERTE por fuerza mayor su fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de éste.
– En relación con los ERTE que ya estuvieran vigentes seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa.


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO


1. Las medidas de protección por desempleo previstas en el art. 25 (apartados 1 al 5) del Real Decreto-Ley 8/2020, se extienden hasta el 30 de junio de 2020:
– Reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores afectados aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario.
– No computar el tiempo que se perciba la prestación por desempleo que derive de estas circunstancias extraordinaria a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
– Estas medidas se extienden a socios trabajadores de sociedades laborales y cooperativas de trabajo.

2. Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas reguladas en el art. 25.6 del Real Decreto-Ley 8/2020, se extienden hasta el 31 de diciembre de 2020:
Las prestaciones por desempleo percibidas por estos trabajadores que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN


1. Exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas en los meses de mayo y junio de 2020 y de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta (desempleo, fondo de garantía social y formación profesional) para las empresas/entidades que continúen en ERTE de FUERZA MAYOR TOTAL y tengan menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero de 2020. Para las empresas de 50 o más trabajadores la exoneración será del 75%.
2.
Para las empresas inmersas en un ERTE por FUERZA MAYOR PARCIAL se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE:
               a) Respecto de los trabajadores que reanudan su actividad:
 En empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 85% en                             mayo y 70 % en junio

 En empresas de 50 o más trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 60% en mayo y                     45 % en junio
b) Respecto de los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas:
 En empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 60% en                              mayo y del 45% en junio.

 En empresas de 50 o más trabajadores a 29 de febrero de 2020: la exoneración será del 45% en mayo y                       del 30% en junio.
3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a instancia de la empresa mediante declaración responsable a través del Sistema RED antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondientes y previo cumplimiento de las formalidades de comunicación de los ERTES por fuerza mayor.
4. La TGSS establecerá sistemas de comunicación con el SEPE para control y verificación de estas exoneraciones de cuotas.
5. Las exoneraciones en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.
Finalmente,
1.- Mediante ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS se podrán prorrogar de los ERTES por fuerza mayor (COVID-19) llegado el 30 de junio de 2020 y, a su vez, prorrogar las exenciones de cotizaciones /cuotas de la SS o extenderlas a los ERTES por causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.
2.- Se concreta el cómputo del plazo de 6 meses relativo al compromiso de mantenimiento de empleo: se fija como día de inicia la reanudación de la actividad por trabajador afectado por ERTE.
– Se entenderá incumplido el compromiso de mantenimiento de empleo en los supuestos de despido o extinción de los contratos de los trabajadores afectados por ERTES por fuerza mayor (art. 22 RDL 8/2020) salvo:
 extinción de contrato por despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo (sólo si es interrupción y no despido), contratos temporales por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

 en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.


El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo supondrá el reintegro de la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes


 

Estamos a su disposición para cualquier duda, consulta o información referente a esta normativa y a la que se está desarrollando como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19

 

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En este post de hoy quiero compartir contigo como con 3 sencillas claves puedes aprender a influir con la comunicación.
Comunicar es esencial porque nos da la vida, el amor y la conexión con el mundo. Sin embargo, aún cuesta dar valor a la comunicación, porque realmente todavía muchas personas piensan que comunicar es hablar.
Comunicar es sentir, percibir, observar, escuchar, lo que la otra persona siente, observa, escucha o percibe.
Comunicar es descubrir como las demás personas piensan o qué significados tienen acerca de las cosas que compartimos, porque lo que es para mí no tiene que ser igual para los demás.
Para poder ser creíbles comunicando necesitamos pensar y sentir lo que comunicamos.
Si pienso y siento que “no voy a poder”, comunicaré inseguridad, desánimo, nerviosismo, y esto será una gran barrera para lograr que ese mensaje que quieres transmitir, llegue con la fuerza que necesita llegar, para poder, persuadir, influir y dejar un buen sabor de boca.
La comunicación tiene un propósito mayor que el de intercambiar palabras, es el de crear experiencias, inspirar emociones y dejar huella. Es así como las personas quieren volver a escucharte.

Claves esenciales para influir comunicando:


Hay muchas claves para ser esa persona que comunica sintiéndose segura, determinada, creativa, resolutiva.
Hoy para comenzar a desarrollar esta habilidad tan necesaria voy a compartir, tres sencillas claves esenciales, que siempre deben estar presentes en una comunicación influyente.

Sintoniza para influir con tu comunicación

Sintonizar es ponerse en la misma frecuencia que la persona que nos escucha. Muchas veces comenzamos a hablar y explicar nuestro mensaje, sin anestesia, y sin saber si la otra persona realmente está en la misma sintonía.
Nuestro deber como comunicadores es tener la seguridad, que la otra persona me escucha y está en sintonía conmigo y con el mensaje que vamos a trasladar. Para poder hacer una buena conexión con las personas necesitamos que nuestra comunicación sea coherente, es decir, que el lenguaje verbal y no verbal esté en sintonía.
Utilizar un lenguaje conciso, claro y concreto. Sin dobles sentidos ni frases inacabadas. De este modo la otra persona no tendrá que esforzarse por desentrañar el significado de lo que se dice.
Utilizar nuestra mirada y sonrisa como elemento para expresar sinceridad, serenidad, seguridad, acogimiento, dominio, empatía.

Empatiza para influir con tu comunicación

Una cita de Cicerón nos deja clara la gran importancia de la empatía.

“El orador debe ver más allá de las palabras. Debe fijarse en las personas a las que habla, puesto que estas estarán en diferentes circunstancias, edades, estados.”

La falta de empatía supone la ignorancia por parte de quien no la aplica.
Aplicar empatía es percibir, comprender, y compartir los sentimientos de la persona con la que me comunico. Varios estudios recientes afirman que hay personas que nacen con la habilidad empática y por ello desde la infancia son capaces de ponerse en la piel de las demás personas con las que comparte su vida.
Para el resto de las personas la empatía sigue siendo una habilidad que hay que aprender a desarrollar como el resto de las habilidades. Y esta habilidad es esencial para ser la persona que comunica con influencia y persuasión.
Desarrollar la empatía es algo más sencillo de lo que pensamos. Para ello necesitas activar la comprensión.
¿Qué es comprender?
La comprensión según yo la entiendo es, la capacidad que nos permite tener mayor habilidad empática.
Cuando activo la comprensión lo que hago es, escuchar, sin juzgar, respetando, y aceptando. Independientemente de que compartamos o no las mismas ideas, pensamientos o decisiones.
Comprender nos ayudada a mantener una comunicación más sana y por tanto nos facilita la negociación y los acuerdos entre las partes.

Emociona para influir con tu comunicación

En el libro “La Inteligencia Emocional” de Daniel Goleman, se hace patente que para desarrollar nuestra habilidad de comunicación y ser así¬ capaces de desenvolvernos adecuadamente en la sociedad, necesitamos no solo desarrollar nuestra inteligencia racional sino también, nuestra inteligencia emocional.
Somos emoción y somos comunicación. Así que cuando comunicamos lo hacemos siempre desde una emoción y la persona que nos escucha también. Por lo tanto, aprender a conocer e identificar nuestro sistema emocional es crucial para poder comunicar con eficacia.
Las personas que desarrollan su inteligencia emocional tienen la capacidad de poder aprender a regular sus emociones y también la facultad de regular las emociones de los demás. Algo que resulta absolutamente necesario para hacer de la comunicación una herramienta para influir, negociar, acordar, persuadir e inspirar positivamente.

Un fuerte abrazo y un deseo, ¡Aventúrate a descubrir! una nueva forma de vivir tu comunicación para influir, dejar huella y disfrutar de comunicar.

P.D: Comparte tu opinión, y aporta tu valor.
Desarrollo Personal en Comunicación, regulación emocional y liderazgo.

LOGO ANA BADIOLA

Psicóloga,Coach,Formadora
Haz de tus palabras tus mayores aliadas.

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MEDIDAS RECOGIDAS EN EL RD LEY 15/2020


  • El RD Ley 15/2020, (BOE 22 de abril 2020) última de las normas que, hasta ahora, ha elaborado el Gobierno de España motivadas por esta situación de crisis, incluye algunas medidas de especial importancia que, a continuación, resumimos.

MORATORIA DEL PAGO DE LA RENTA DE LOCALES PARA AUTÓNOMOS


Se establece que un trabajador autónomo, afiliado y de alta con carácter previo al 14 de marzo, fecha de la declaración del estado de alarma, con su actividad suspendida debido a la epidemia de Covid-19, podrá solicitar de su arrendador, hasta el día 23 de mayo, EL APLAZAMIENTO TEMPORAL Y EXTRAORDINARIO EN EL PAGO DE LA RENTA siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

En estos casos las partes PODRÁN DISPONER LIBREMENTE DE LA FIANZA prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. Cuando se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, si fuera inferior a un año.

Esta es una medida que refuerza un principio fundamental como es el de autonomía de las partes en materia de contratación y, también puede tener otros efectos dado que se apunta a la utilización de la fianza como garantía de pago de alguna de las mensualidades en las que se pacte el aplazamiento o rebaja.

 


AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO


LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL RD-LEY 15/2020, AMPLÍA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2020, LAS REFERENCIAS A LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 20 DE MAYO DE 2020 EN EL ARTÍCULO 33 DEL RD-LEY 8/2020 Y EN LAS DA 8ª Y DA 9ª RD-LEY 11/2020.

  • Los plazos de pago de la deuda tributaria por liquidaciones practicadas por la Administración (artículos 62.2 y 62.5 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de
  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis Reglamento General de Recaudación).
  • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información, para formular alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación
  • En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de

ADEMÁS, EL PERÍODO DESDE EL 18 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2020 NO COMPUTA:

  •  A efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, aunque la Administración puede realizar los trámites imprescindibles
  • A efectos de los plazos de prescripción (artículo 66 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) ni a efectos de los plazos de caducidad
  • En el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de mayo de 2020, a los efectos del cómputo de los plazos de prescripción (artículo 66 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
  • El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación (en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

MEDIDAS FISCALES


           1.- Con el objetivo de que los empresarios con sociedades CALCULEN SUS PAGOS FRACCIONADOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES NO SOBRE EL BENEFICIO OBTENIDO EL AÑO PASADO, SINO SOBRE LA PREVISIÓN    DE    UN    RESULTADO    MENOR    O    INCLUSO PÉRDIDAS  CORRESPONDIENTES A ESTE AÑO 2020, se establece la posibilidad de que los PAGOS FRACCIONADOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES para los períodos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 puedan realizarse sobre SOBRE LA BASE DE LOS RESULTADOS QUE SE VAYAN OBTENIENDO ESTE MISMO AÑO, Y NO SOBRE LOS BENEFICIOS DEL AÑO PASADO.

Para los contribuyentes que no hayan podido ejercer esta opción, y cuyo importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros, se establece la posibilidad que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020.

 2.- Los autónomos que tributan en el régimen de módulos del IRPF PODRÁN RENUNCIAR A ESTE SISTEMA POR UN SOLO AÑO de modo que su adscripción en el 2020 al régimen de estimación directa les permita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en función de sus resultados durante el ejercicio. Por otro lado, los días naturales en estado de alarma no computarán en el cálculo de los módulos, quedando excluidas de esta medida las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

3.- Se establece la posibilidad del pago de las deudas tributarias con cargo a la financiación sujeta plan de avales públicos, de hasta 100.000 millones aprobado por el Gobierno, y del que se ha desplegado una parte. De este modo, si el contribuyente solicita una línea de estos préstamos, garantizados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el 80% del riesgo, podrá utilizarlo para saldar su deuda tributaria. El interesado deber demostrar que ha pedido un crédito por un monto igual o mayor al de la deuda al menos cinco días antes de que concluya el plazo para la liquidación, y deberá destinar “inmediatamente” el dinero obtenido a pagar al fisco. A su vez, la Agencia Tributaria podrá acceder telemáticamente a los expedientes financieros del contribuyente a fin de comprobar la información. La medida afectará a las liquidaciones que deban producirse entre el 20 de abril y el 30 de mayo.

 


OTRAS MEDIDAS


EL FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVO NO TENDRÁ LA CONSIDERACIÓN DE INGRESO PARA LA COOPERATIVA

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020, EL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVO DE LAS COOPERATIVAS regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, podrá ser destinado, total o parcialmente:

      a) COMO RECURSO FINANCIERO, PARA DOTAR DE LIQUIDEZ A LA COOPERATIVA en caso de necesitarlo para su funcionamiento. Si se destina a esta finalizada, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

      b) A CUALQUIER ACTIVIDAD QUE REDUNDE EN AYUDAR A FRENAR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 O A PALIAR SUS EFECTOS, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales. Esta facultad extraordinaria que se otorga al Consejo Rector se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020 cuando la protección de la salud de las socias y socios de la cooperativa continúe exigiendo la celebración virtual de la Asamblea General de la sociedad cooperativa y esta no sea posible por falta de medios adecuados o suficientes.

    c) El Fondo de Formación y Promoción Cooperativo que haya sido aplicado a estos fines, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.

AMPLIACIÓN DE 12 MESES ADICIONALES SOBRE EL PLAZO ORDINARIO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE SOCIEDAD LABORAL POR PARTE DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Con carácter extraordinario, se procede a prorrogar por 12 meses más, el plazo de 36 meses contemplado en la letra b del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas para alcanzar el límite previsto en dicha letra. Se trata de una prórroga extraordinaria aplicable, exclusivamente, a las sociedades laborales constituidas durante el año 2017.

DISPONIBILIDAD DE PLANES DE PENSIONES

El RD-ley 15/2020, regula las NORMAS SOBRE DISPONIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LOS PLANES DE PENSIONES en situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinando quiénes pueden solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados, el modo de acreditar la concurrencia de las circunstancias que permiten la disponibilidad excepcional, cuál es el importe de los derechos consolidados disponible, y el plazo para efectuar el reembolso.

 

Link de publicación: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4554- consolidado.pdf

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corredores tradicionales en la plaza de Villar del Monte

José Luis González Llamas. Antropólogo


El patrimonio cultural, material e inmaterial, está vinculado a las particularidades de un lugar, ya sea una provincia, una comarca o una localidad concreta. Da sentido de arraigo al individuo y a la comunidad sobre un espacio concreto, en diferencia a otros lugares y a otros grupos. Tiene, por tanto, un uso social de carácter simbólico-identitario.

En la actualidad, debido fundamentalmente a la pérdida de población, el repertorio de bienes culturales está siendo utilizado como recurso para que, ahora más que nunca, los amantes del turismo cultural se acerquen a conocer las singularidades de un determinado lugar. Los visitantes buscan el romanticismo de lo “auténtico”, lo sugestivo de lo tradicional, el exotismo autóctono. Cierto es que en ocasiones tienen una imagen idealizada, estereotipada, como si el tiempo se hubiera detenido en algunos lugares. Se valora la distintividad, la especificidad, en contra de la tendencia homogeneizadora, en lo cultural, propiciada por la globalización en el mundo actual.

Pajar tradicional de Villar del Monte

Con la finalidad de promocionar lo propio y, en cierto modo, con el propósito de satisfacer la demanda de los que se acercan, se han creado, con más o menos acierto (pero ese es otro tema), infinidad de centros de interpretación, museos con distintas nomenclaturas o actividades variadas relacionadas con la cultura tradicional.

Debido a lo anteriormente señalado, es decir la utilización de la cultura como recurso económico, se ha generado un encendido debate. Por una parte están los que ven en el turismo un adversario del patrimonio, resaltando la contradicción que supone que los bienes de carácter identitario tengan un uso mercantilista. Éstos argumentan que se ha sobrepuesto el valor monetario sobre el metafísico, adquiriendo la categoría de  “formas simbólicas mercantilizadas”.

En otro lado se sitúa gran parte de la comunidad científica, que se inclina a pensar que los significados no quedan invalidados por la utilización del patrimonio cultural para crear iniciativas que proporcionen un beneficio económico.

En este sentido se plasmó en la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, firmada en París en 2005. En ella se hace referencia de forma reiterada a la estrecha vinculación de los aspectos económicos respecto del patrimonio cultural. Se considera que puede existir una perfecta convivencia e incluso complementariedad como factores de revitalización y desarrollo, favoreciendo la cohesión social e incluso posibilitando “la mejora de la condición de la mujer su papel en la sociedad”. Concretamente en su artículo 2, sobre los principios rectores, se alude al principio de complementariedad, anteriormente señalado, del siguiente modo:

“Habida cuenta de que la cultura es uno de los principales motores del desarrollo, los aspectos culturales de éste son tan importantes como sus aspectos económicos, respecto de los cuales los individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental de participación y disfrute”.

Lo cierto es que los beneficios generados a partir de materiales asociados al patrimonio cultural suelen ser bien acogidos en las poblaciones. Los poseedores creen tener una gran suerte por ser dueños de un auténtico “tesoro”. Los que no lo tienen se lamentan por no contar con este recurso.

Pajar

En conclusión, teniendo en cuenta análisis ajenos y experiencias propias, podemos afirmar que el patrimonio cultural es para algunos pueblos un valor de primera magnitud, teniendo en cuenta que de él depende su propia supervivencia. Es, por lo tanto, una “materia prima” que puede impulsar la prosperidad en ciertos lugares. Por otro lado se puede constatar que en algunos territorios, debido al interés de los forasteros por la cultura tradicional y al éxito económico de iniciativas culturales, ha aumentado la predisposición a conservar el patrimonio, a mantener ciertas tradiciones o recrear algunas que estaban olvidadas. Se puede decir que en cierto modo se ha producido un “redescubrimiento” cultural, un sentimiento de pertenencia a una comunidad y una emoción renovada de su identidad.

Es cierto que una planificación o gestión errónea de cualquier iniciativa cultura puede producir efectos negativos. En este sentido es conveniente abogar por la sostenibilidad, evitar la sobreexplotación y el deterioro del medio ambiente. Es favorable no mantener una visión especulativa, de modo que el éxito no se contemple en términos cuantitativos, de beneficios económicos o número de visitantes. También es necesario ofrecer explicaciones fundamentadas, situadas en el contexto cultural adecuado, para no reincidir en imágenes estereotipadas que tanto daño hacen.

Como es evidente, apenas se pueden lanzar algunas ideas en un texto de extensión tan limitada. Conviene pararse a razonar las diversas cuestiones expuestas, que quizá puedan ser explicadas en otras ocasiones.

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RESUMEN DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE  AL COVID-19


A continuación, y a modo de pequeño listado, resumimos las medidas que hemos considerado más destacadas:


MEDIDAS PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, TRABAJADORES Y FAMILIAS


1.- POSIBILIDAD DE SOLICITAR MORATORIAS O AYUDAS, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO, ASÍ COMO MORATORIAS HIPOTECARIAS Y DE CRÉDITOS DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA O SUSPENSIÓN EN SU CASO, siempre se den una serie de condiciones que definan la VULNERABILIDAD ECONÓMICA del solicitante a estos efectos y que deberá ser valorada tomando en cuenta las circunstancias personales y económicas conforme a un baremo establecido dentro del propio Real Decreto (artículos del 1 al 27).

2.- Derecho a la percepción del BONO SOCIAL por parte de los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación, siempre y cuando se adquiera la condición de consumidor vulnerable según el Real Decreto (artículo 28 y 29).

3.- MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL de seis meses sin interés a las empresas y trabajadores por cuenta propia. La moratoria, en los casos de que sea concedida, afectará a las empresas entre los meses de abril y junio de 2020, y en el caso de trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, y siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por RD 463/2020 de 14 de marzo. Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 PRIMEROS DÍAS NATURALES de los plazos de ingreso correspondiente a los periodos indicados anteriormente (artículo 34).

4.- APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020 siendo de aplicación un interés del 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de LOS 10 PRIMEROS DÍAS NATURALES del plazo reglamentario de ingreso señalado anteriormente (artículo 35).

5.- FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS de electricidad, de gas natural y productos derivados del petróleo para autónomos y empresas que podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro según condiciones establecidas en el Real Decreto. Además, en determinadas condiciones, cabe excepcionalmente solicitar la suspensión del pago de facturas de los suministros que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma (artículos 42, 43 y 44).

6.- Los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS CONSOLIDADOS EN SU PLAN DE PENSIONES, en caso de desempleo o cese de actividad, para lo cual disponen de un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del estado de alarma y teniendo en cuenta que existen una serie de limitaciones en cuanto a importe y requisitos (Disposición Adicional Vigésima).

7.- Derecho a un SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA DE ACTIVIDAD para las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social y antes de la entrada en vigor del estado de alarma, hayan dejado de prestar sus servicios con carácter temporal por despido o para evitar contagios (artículos 30, 31 y 32).

8.- Se establece un SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL (80%del IPREM unos 430€) por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio (artículo 33).

9.- Con carácter excepcional y con efectos desde el inicio de la situación del confinamiento y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá INCAPACIDAD TEMPORAL EN SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO TOTAL en caso de que no se pueda desarrollar trabajo ni siquiera de manera telemática y en determinadas circunstancias que imposibiliten el desarrollo de la actividad (Disposición adicional vigésimo-primera).

10.- Durante el estado de alarma, COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE CON LA PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO que como consecuencia de la reducción de la jornada afectada por un expediente de regulación temporal de empleo pudiera tener derecho a percibir (Disposición adicional vigésimo-segunda).


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO

Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo


Durante el periodo de alarma SE PUEDEN CELEBRAR SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, administración de asociaciones, de sociedades civiles y mercantiles, consejo rector de sociedades cooperativas, patronatos de las fundaciones, así como juntas o asambleas de socios o asociados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas con derecho de asistencia dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES QUEDA SUSPENDIDA HASTA QUE FINALICE EL ESTADO DE ALARMA, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante, si fuera necesario, será válida la formulación de cuentas durante el estado de alarma, siempre que la sesión del órgano de gobierno de la entidad correspondiente la celebre cumpliendo las condiciones anteriormente descritas.

LA APROBACIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO será necesariamente dentro de los tres meses siguientes desde que finaliza el plazo para formularlas por el órgano de gobierno.

EXCEPCIONALMENTE, PODRÁN ADOPTARSE ACUERDOS de los órganos de gobierno y de administración de asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y lo solicite al menos dos de los miembros del órgano de gobierno y no haya habido oposición por parte del resto de miembros, siguiendo las premisas del artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil.

Documento completo en el siguiente enlace:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

Estamos a su disposición para cualquier duda, consulta o información referente a esta normativa y a la que se está desarrollando como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19

 

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El capítulo III del RD Ley 8/2020 establece diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica con la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros.

Además,  se establece la


SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.


  • LOS PLAZOS DE PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LOS VENCIMIENTOS DE LOS PLAZOS Y FRACCIONES DE LOS ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO CONCEDIDOS, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los PLAZOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS, DILIGENCIAS DE EMBARGO Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA, PARA FORMULAR ALEGACIONES ANTE ACTOS DE APERTURA DE DICHO TRÁMITE O DE AUDIENCIA, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o DE DECLARACIÓN DE NULIDAD, DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES Y DE REVOCACIÓN, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, SE AMPLIARÁN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020.

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

  • Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LOS VENCIMIENTOS DE LOS PLAZOS Y FRACCIONES DE LOS ACUERDOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO CONCEDIDOS, así como los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que SE COMUNIQUEN A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA MEDIDA SE EXTIENDEN HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REAL DECRETO-LEY HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 NO COMPUTARÁ A EFECTOS DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, SANCIONADORES Y DE REVISIÓN TRAMITADOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.

A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

 


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO


Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, DURANTE EL PERIODO DE ALARMA, LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, DEL CONSEJO RECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEL PATRONATO DE LAS FUNDACIONES PODRÁN CELEBRARSE POR VIDEOCONFERENCIA que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, DURANTE EL PERIODO DE ALARMA, LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES, DEL CONSEJO RECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DEL PATRONATO DE LAS FUNDACIONES PODRÁN ADOPTARSE MEDIANTE VOTACIÓN POR ESCRITO Y SIN SESIÓN siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

EL PLAZO DE TRES MESES A CONTAR DESDE EL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL PARA QUE EL ÓRGANO DE GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA OBLIGADA FORMULE LAS CUENTAS ANUALES, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades QUEDA SUSPENDIDO HASTA QUE FINALICE EL ESTADO DE ALARMA, REANUDÁNDOSE DE NUEVO POR OTROS TRES MESES A CONTAR DESDE ESA FECHA.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA APROBAR LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR SE REUNIRÁ NECESARIAMENTE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A CONTAR DESDE QUE FINALICE EL PLAZO PARA FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES.

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

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El RD Ley 8/2020 distingue dos tipos de suspensiones de contratos:

1.CASO DE SUSPENSIONES DE CONTRATOS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

LAS SUSPENSIONES QUE TENGAN SU CAUSA DIRECTA EN PÉRDIDAS DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, INCLUIDA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, QUE IMPLIQUEN SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE PROVENIENTES DE UNA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

PROCEDIMIENTO:

  1. El procedimiento se iniciará mediante SOLICITUD DE LA EMPRESA, que se acompañará de un INFORME RELATIVO A LA VINCULACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa DEBERÁ COMUNICAR SU SOLICITUD A LAS PERSONAS TRABAJADORAS y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
  2. LA EXISTENCIA DE FUERZA MAYOR, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, DEBERÁ SER CONSTATADA POR LA AUTORIDAD LABORAL, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
  3. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL SE DICTARÁ EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DESDE LA SOLICITUD, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá LIMITARSE A CONSTATAR LA EXISTENCIA, CUANDO PROCEDA, DE LA FUERZA MAYOR ALEGADA POR LA EMPRESA correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán EFECTOS DESDE LA FECHA DEL HECHO CAUSANTE DE LA FUERZA MAYOR. 
  4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.   
SOCIEDADES COOPERATIVAS

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que SE REGIRÁN POR LO PREVISTO EN LOS APARTADOS C) Y D) DEL APARTADO ANTERIOR.

 2.- CASO DE SUSPENSIONES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS…

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, la documentación y procedimiento será el establecido en el Estatuto de los trabajadores y requerirá periodo de consultas con la representación de los trabajadores.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en lo relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que SE REGIRÁN POR LO PREVISTO EN LOS APARTADOS B) Y C) DEL APARTADO ANTERIOR.

CUOTAS EMPRESARIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Exoneración a las empresas del pago del 75 % de la APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL alcanzando dicha EXONERACIÓN EL 100 % DE LA CUOTA CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES, siempre que éstas SE COMPROMETAN A MANTENER EL EMPLEO, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. (fuerza mayor por COVID 19).

LA EXONERACIÓN DE CUOTAS SE APLICARÁ POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A INSTANCIA DEL EMPRESARIO, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR UN ERTE, TENDRÁN ACCESO A LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO, AUNQUE CAREZCAN DEL PERIODO DE COTIZACIÓN NECESARIO para tener acceso a ella.

PODRÁN ACOGERSE A LAS MEDIDAS REGULADAS EN EL APARTADO ANTERIOR, además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aquellas que tengan la condición de SOCIAS TRABAJADORAS DE SOCIEDADES LABORALES Y DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley

En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se refiere el apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado.

LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22, 23, 24 Y 25 DEL RD LEY ESTARÁN VIGENTES MIENTRAS SE MANTENGA LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA DERIVADA DEL COVID-19. 

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